LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA
Aguas
Santas Barrada Rodríguez
Las guerras son las peores enfermedades del
ser humano y las siniestras contiendas que enfrentan a padres, hermanos, hijos
o gentes de un mismo país. En la Guerra
Civil española el crimen sin freno fue la mejor forma de saldar deudas,
envidias y viejas rencillas y, por
supuesto de acabar con el enemigo político. España se convirtió en un magnifico
campo de prueba para evaluar el rendimiento de nuevos armamentos y tácticas
militares para la futura contienda mundial. La Guerra Civil española marca el
primer antecedente de la II Guerra Mundial, el fin de una época bélica y el comienzo
de las guerras modernas.
Voluntarios de más de 20
países vinieron a luchar en una guerra que no era la suya, bien por ideales o
como soldados a sueldo. Éstos son conocidas como las brigadas internacionales.
Hombres de todo el mundo vinieron a España a combatir por los españoles y por
ellos mismos. Fue la lucha contra el fascismo que comenzó a inundar Europa.
La inestabilidad social
que reinaba en España durante 1936 tras el triunfo electoral de la coalición de
partidos de izquierdas denominada Frente Popular era latente en la sociedad.
Pistoleros, huelgas y una derecha decidida a recuperar el poder eran el caldo
de cultivo perfecto para una Guerra Civil. Una serie de generales comenzaron a
conspirar en la sombra, entre ellos destacaban tres grandes figuras, Emilio
Mola, quien llevó el peso organizativo del futuro golpe, el exiliado general
Sanjurjo, que se encargaría de presidir la Junta Nacional de Defensa y
Francisco Franco, quien finalmente se haría con los mandos del bando sublevado.
El asesinato de José
Calvo Sotelo, un afamado político de derechas el 14 de Julio de 1936 hizo que
los sectores conservadores más reacios al golpe militar como pueden ser los
carlistas y los seguidores del CEDA, decidiesen participar directamente en él. Por
tanto, los sublevados, seguros ya de su fuerza, decidieron llevar a cabo el
golpe de forma inminente.
El 18 de julio de 1936
constituye la fecha oficial del inicio de la Guerra Civil, en gran medida
percibida como inevitable tanto por partidarios de la República como de los
sublevados. El viernes 17 de julio se inicia el levantamiento en el Norte de África
y el 18 se extiende a la Península.
En los primeros días de
la sublevación muere el General Sanjurjo en un accidente aéreo, quedando el
mando del bando sublevado en manos de Francisco Franco y Emilio Mola.
Fases de la
Guerra:
Julio de
1936 - marzo de 1937
El cruce del estrecho por las tropas sublevadas fue decisivo para
consolidar posiciones en Andalucía y
dominar en pocas semanas Extremadura.
La toma de Madrid era
una prioridad absoluta para los insurgentes. El plan consistía en una
confluencia de las tropas del general Mola (llegadas desde el Norte) y las de
Franco (desde el Sur).
Pero las tropas de Mola fueron frenadas en Somosierra y Franco
prefirió desviarse hacia Toledo,
donde el Alcázar resistía desde la sublevación, sitiado por fuerzas
republicanas. La liberación del Alcázar fue
un éxito propagandístico (y personal) de Franco, pero se perdió un tiempo
decisivo para conquistar Madrid.
Al reanudar la ofensiva
en noviembre, se encontró con una resistencia tenaz. El Gobierno republicano
fue evacuado a Valencia y se creó una Junta de Defensa de Madrid. El intento
franquista de conquistar Madrid por el río Jarama (febrero de 1937) también fracasó. Los republicanos
obtuvieron una resonante victoria en Guadalajara,
pero apenas la aprovecharon.
Durante este periodo, las ciudades de San Sebastián, Irún y Málaga fueron ocupadas por las
tropas sublevadas.
Abril -
octubre de 1937
Ante la resistencia de Madrid, el ejército franquista dirigió sus
objetivos hacia Asturias, Cantabria y Vizcaya. Se trataba de zonas de gran
valor económico por su riqueza siderometalúrgica y minera. La ofensiva fue
iniciada por Mola en marzo de 1937. En este frente, la Legión Cóndor alemana
bombardeó la localidad vizcaína de Guernica el
26 de abril. En junio las tropas franquistas tomaron Bilbao y suprimieron la autonomía
vasca.
Con el fin de dispersar las fuerzas franquistas, el ejército
republicano inició las contraofensivas de Brunete (en las cercanías de Madrid) y Belchite (en Aragón).
En agosto de 1937 los franquistas -con presencia destacada de tropas
italianas- tomaron la ciudad de Santander.
Y en octubre ocuparon Asturias,
donde Oviedo resistió desde el inicio de la sublevación.
Octubre de
1937 - 1 de abril de 1939
A finales de 1937 la zona republicana estaba reducida a la franja
oriental de España.
En diciembre de 1937, el ejército republicano tomó la iniciativa y
conquistó la ciudad de Teruel.
Franco la reconquistó en febrero de 1938 y avanzó hasta llegar al Mediterráneo
en Vinaroz (Castellón), partiendo en dos la zona republicana. En abril de 1938
las tropas franquistas ocuparon Lérida y el Estatuto de Cataluña fue derogado.
La respuesta republicana consistió en cruzar por sorpresa el río Ebro
en julio. Comenzó así la batalla
del Ebro, el episodio más sangriento de la guerra por el número de bajas
y la dureza de los combates. En noviembre, los republicanos se veían obligados
a cruzar el río en sentido contrario.
En diciembre de 1938, Franco inició la ofensiva contra Cataluña. En
enero de 1939 era ocupada Barcelona y
se producía un enorme éxodo hacia Francia. Unos 120 mil hombres llegaron a la
frontera francesa, a los que el gobierno francés ordena dejar las armas si
quieren entrar. Unos 50 mil soldados fueorn apresados por los nacionales.
El 5 de marzo de 1939, el
coronel Casado, un eterno insatisfecho que desde mayo de 1938 era comandante
del ejército republicano, lanzo un golpe militar contra el Gobierno de Juan
Negrín. Irónicamente, así provocó que el final de la Guerra Civil española
fuese casi idéntico al comienzo. Como habían hecho Mola, Franco y los demás
conspiradores de 1936, Casado dirigió a una parte del ejército republicano en
una revuelta contra su gobierno. Aseguraba, como habían hecho los anteriores, y
también sin fundamento alguno, que el gobierno de Negrín era una marioneta del
Partido Comunista y que se avecinaba un golpe de Estado inminente para instaurar una dictadura
comunista.
El problema no era solo la traición del alto mando de los ejércitos de
la zona centro-sur. También estaba la cuestión de las crecientes diferencias
logísticas entre ambos bandos. La superioridad de los franquistas en cuanto a
tanques, artillería, cobertura aérea y ametralladoras era abrumadora.
Mientras tanto Negrín intentaba mantener desesperadamente un esfuerzo
bélico con la esperanza, no de la victoria, sino de un acuerdo de paz honorable.
En palabras de Juan Negrín “La paz
negociada siempre; la rendición sin condiciones para que fusilen a medio millón
de españoles, eso nunca”.
Ernest Hemingway resumía la postura de Negrín de este modo: “En una guerra nunca puedes reconocer, ni
siquiera a ti mismo, que todo está perdido, te machacan. Aquel que esta siendo
machacado y se niega a reconocerlo y sigue luchando por más tiempo, gana todas
las batallas definitivas; a menos, por supuesto, que lo maten, se muera de
hambre o se vea privado de armas o traicionado. Todas estas cosas le ocurrieron
al pueblo español. Muchos murieron, sucumbieron al hambre o fueron privados de
armas o traicionados”.
Tras la sublevación de
Casado se produce un fortísimo enfrentamiento entre las mismas fuerzas
republicanas, el control de Madrid es tomado por la nueva institución, y se
inician unas acciones con el Gobierno de Burgos tendientes a lograr un acuerdo
de paz. El 26 de marzo tras el fracaso de las gestiones, cae la ciudad y el
Gobierno republicano ve caer una tras otra las últimas capitales de provincia,
que todavía mantenía bajo control. Estas fueron: Almería, Ciudad Real, Jaén,
Albacete y Cuenca el 29 de marzo. Mientras que le siguen el 30 de marzo: Alicante
y Valencia, y el 31 de marzo Murcia.
El 1 de Abril de 1939 tras la toma de Alicante, último
bastión republicano, la radio trasmitía un anuncio, el último parte de la
Guerra Civil Española: "En
el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1
de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo. Fdo. Francisco
Franco Bahamonde".
Franco había demostrado,
tanto por la naturaleza de su lenta estrategia militar como por sus numerosas
declaraciones en público y en privado, que estaba haciendo una inversión del
terror. Desde que a principios de abril de 1939 tuvo a España entera en sus manos,
la guerra contra la República iba a prolongarse por otros medios; no en los
frentes de batallas, sino en los tribunales militares, las cárceles, los campos
de concentración, los batallones de trabajos, e incluso entre los exiliados.
El 28 de julio de 1936,
en Burgos, la Junta de Defensa Nacional había declarado el Estado de guerra en
todo el territorio español, estuviera o no ocupado por los rebeldes. El decreto
proclamaba la determinación de la Junta para castigar a todo aquel que, “cegado
por un sectarismo incomprensible, cometiera acciones u omisiones que acusaren
perjuicio a los fines que persigue este Movimiento redentor de nuestra Patria”.
Cualquier infracción de ese tipo sería considerada un delito de rebelión
militar y, por tanto, quedaría sujeta a la justicia militar; de hecho, el texto
imponía procedimientos judiciales extraordinarios, según los cuales el acusado
se enfrentaría a un Consejo de Guerra Sumario. La defensa de la República
constituía una sublevación armada. Por añadidura, todas las actividades
políticas a favor de los partidos de izquierda o los sindicatos desde el
comienzo de octubre de 1934 se considerarían retroactivamente actos de adhesión
a la rebelión militar, por haber contribuido a los desordenes que, según el
bando vencedor, había provocado la toma de poder por parte del ejército. El
ministro de la Gobernación de Franco, Ramón Serrano Suñer, la calificaría a
posteriori de ser “la justicia al revés”.
Se abrieron cientos de
miles de expedientes, entre ellos las causas contra Negrín, Azaña, Largo
Caballero, Dolores Ibárruri y muchos otros republicanos en el exilio. Con el
9,5 % de la población pendiente de juicio, el Tribunal se desmoronó bajo el
peso de su propia ambición.
Las cárceles
provinciales multiplicaban por diez y quince veces su capacidad, las espantosas
condiciones que resultaban de la masificación, la enfermedad y la malnutrición,
las llevaron a convertirse en verdaderos “cementerios para vivos”.
Con frecuencia se
detenía a las mujeres de la familia cuando las autoridades no daban con los
hombres. El sufrimiento de las mujeres en las cárceles tuvo dimensiones
desconocidas para la población carcelaria masculina. Entre las detenidas había
embarazadas o madres que ingresaban con sus hijos si éstos eran menores de tres
años. La violación era una práctica frecuente en los interrogatorios y en la
cárcel. Se administraban palizas brutales, a menudo también a embarazadas, pero
las torturas infligidas a las mujeres solían ser más refinadas. Entre otros métodos
estaban las descargas eléctricas en los pezones, los genitales y las orejas. A
las mujeres acusadas de adherirse a la rebelión se les imponían la pena de
muerte o condenas de cárcel. Otros castigos menores consistieron en el rapado
de la cabeza y la purga con aceite de ricino.
El 5 de agosto de 1939,
56 prisioneros fueron ejecutados en Madrid, entre ellos un chico de catorce
años y 13 mujeres, varias de ellas menores de veintiún años, y que con el
tiempo se conocerían como las “Trece Rosas”, un símbolo de la crueldad del
régimen de Franco.
Es difícil establecer
con exactitud cuántos muertos causó la represión franquista en España. Sin embargo, la paulatina apertura de algunos
archivos, sobre todo militares, ha permitido que el trabajo de los
historiadores haya avanzado mucho en los últimos años en acotar esta cifra. Se
estima que de las 500.000 víctimas que tuvo la Guerra Civil española, murieron
aproximadamente 200.000 personas en actos de represalia, campos de
concentración y trabajo y cárceles.
Bibliografía
CASAL, X. (2010): “La
semana más sangrienta”. Clio historia.
N. 117.
PRESTON, P. (2011): El holocausto español, Navarra.
PRESTON, P. (2014): El final de la guerra. La última puñalada a
la República.
Recursos
electrónicos
Documental: Gran historia de la Guerra Civil española.
Episodios 1, 2 y 11.
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HISTORIA DE VALENCIA:
LAS FALLAS
Ana Sánchez Delgado
La
historia de las fallas se remonta al siglo XVIII cuando los carpinteros de la
ciudad, en vísperas del día de su patrón San José, quemaban frente a sus
talleres, en las calles y plazas públicas, los trastos viejos e inservibles
junto con los artilugios de madera que empleaban para elevar los candiles que
les iluminaban mientras trabajaban en los meses de invierno, es por ello que la
Cremà, momento en el que arden los monumentos falleros, siempre coincide con el
día 19.
A partir
de ese momento, las fallas pasaron de ser meras piras de materiales
combustibles a auténticos monumentos cargados de sentido crítico e irónico, ya
que en ellos se mostraban escenas que reproducían hechos sociales censurables y
críticas sociales, todo ello rodeado de un gran sentido del humor.
Durante
el siglo XIX esta fiesta fue duramente perseguida provocando que en 1885 un
movimiento en defensa de las tradiciones típicas, otorgando la revista “La
Traca” premios a los mejores monumentos falleros. Esto provocó una competición
entre los vecinos de los barrios dando lugar al nacimiento de la falla
artística en la que se unían crítica y estética. Ya a inicios del siglo XX el
Ayuntamiento de Valencia decidió intervenir otorgando los primeros premios
municipales a las mejores fallas lo que generó la unión entre el pueblo y el
poder político, provocando una evolución de esta fiesta popular.
En la
actualidad, Valencia sigue entregada a su fiesta con gran devoción, ya desde el
1 de marzo se puede ver en las dos plazas del Ayuntamiento la Mascletà, un
espectáculo para todos los sentidos: se oyen los masclets, se ve el fuego, el humo y huele a pólvora, a lo que se
suma la Cridà, la invitación de las falleras mayores de Valencia a participar
en las Fallas dando el pistoletazo de salida las celebraciones falleras.
Como
presagio primaveral, las Fallas se viven en la calle ya que la ciudad se
convierte, toda ella, en peatonal. Esto combinado con la música, el olor de la
pólvora y las flores, así como el aroma típicamente fallero de los buñuelos de
calabaza los cuales se pueden degustar con un exquisito chocolate en cualquier
lugar de la ciudad.
El día 15 de marzo empieza la Plantà y al día
siguiente ya está cada falla en su lugar para el disfrute de los valencianos y
de los visitantes que en esos días llenan la ciudad. Estos monumentos se
levantan en cada una de las calles y esquinas de la ciudad y de los pueblos de
Valencia caricaturizando y criticando la vida social y política de la ciudad y
del país.
A todo
esto se añade la Exposición del Ninot, la Cabalgata del Reino, los castillos de
fuegos artificiales, la Ofrenda de flores a la Virgen y la Nit del Foc, citas
imprescindibles para una auténtica vivencia fallera.
Recursos electrónicos
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LOS ATENTADOS DEL 11 M
Manuel Jesús Rodríguez Mora
Antecedentes
El día 11 M de 2004 se produjo en Madrid (España)
un atentado terrorista que estremeció a todo un país y provoco la ira e
indignación de sus ciudadanos. Este artículo pretende desde el respeto y la
seriedad metodológica hacer un análisis de lo ocurrido aquel fatídico día,
siendo fieles a la verdad.
Los antecedentes a estos hechos debemos
buscarlos, en el atentado ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre de
2001, cuando unos terroristas utilizaron cuatro aviones para atentar contra las
Torres Gemelas, el Pentágono y el Capitolio o la Casa Blanca, aunque las acciones de resistencia de los
pasajeros del vuelo United 93, que se dirigía hacia uno de estos dos últimos
blancos, hizo que cayese sobre unos campos de Pensilvania y no impactara contra
su objetivo. En 2001, los europeos demostraron unívocamente su apoyo a EEUU y
a su población, apoyo que se extendió a la intervención (respaldada por la ONU)
en Afganistán. A partir de aquí, el amplio y binario dogma antiterrorista de la
administración Bush, extendido a una variedad de situaciones y países. Hasta
que en 2003, se produjo la invasión y ocupación de Irak por parte de tropas
norteamericanas y británicas. Esto provocó un rechazo internacional casi unánime,
ya que el presidente español, José María Aznar, en contra de la mayoritaria
opinión pública del país, apoyó esta invasión enviando tropas españolas para
ayudar al control del país.
Los atentados del 11-S, decididos y financiados por los
dirigentes de Al Qaeda, fueron perpetrados por un elenco de individuos de
ideología yihadista, en su mayoría de nacionalidad saudí, cuyo cabecilla era el
estudiante universitario egipcio Mohamed Atta. Éste, siguiendo las órdenes que
recibió de Osama Bin Laden en Afganistán, formó en Hamburgo una célula de
aquella estructura terrorista. Tras lo sucedido en Nueva York y Washington, el
rastreo de los contactos telefónicos por parte de los servicios de inteligencia
puso de manifiesto que esa célula estaba en relación con la que igualmente Al
Qaeda había conseguido articular en España hacia mediados de la década de los
noventa, aglutinando, sobre todo, a individuos de origen sirio y marroquí. Más
aún, el propio Atta y algún otro destacado implicado en los atentados contra
las Torres Gemelas y el Pentágono, estuvieron en nuestro país, en Madrid y
Tarragona, concretamente, semanas antes, para ultimar detalles e informar a la
cúpula de Al Qaeda de los pormenores de la operación.
Tanto en
Estados Unidos como en España, la amenaza se infravaloró con anterioridad. Una vez puestas en evidencia las
conexiones entre Mohamed Atta, jefe de la célula de Al Qaeda en Alemania y Abu
Dahdah, su homólogo en la de España, se solicitó una autorización judicial que permitió
a la policía, en noviembre de 2001, desmantelar esta última casi en su
totalidad. Casi, porque algunos integrantes de ese núcleo yihadista, pese a
haber sido investigados aquí y en otros países circundantes, no fueron
detenidos a pesar de que desempeñaron papeles operativos fundamentales en el
11-M: Serhane ben Abdelmajid Fakhet —El Tunecino—, Said Berraj y Jamal Zougam.
Los tres se incorporaron a una red, la del 11-M, que se desarrolló con el
concurso de responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y del Grupo
Islámico Combatiente Libio. Sin olvidar que Amer el Azizi, antiguo prominente
miembro de la célula de Al Qaeda en España, que escapó, había tenido una
relación muy estrecha con aquellos tres y se comunicaba por Internet con, al
menos, uno de ellos en los meses previos a los atentados de Madrid, cuando era
adjunto al mando de Al Qaeda para operaciones en territorio europeo.
El propósito declarado de los atentados
en Nueva York y Washington, sobre la base de un odio a Estados Unidos, fue provocar
que se implicara en una contienda, como resultado de la cual abandonase Oriente
Próximo. Es obvio que Al Qaeda no se había salido con la suya, aunque la
invasión de Irak en 2003 y el modo en que las autoridades norteamericanas
condujeron la situación estuvieron a punto, en torno a 2006, de ofrecer a los
yihadistas un amplio dominio a partir del cual emprender iniciativas de
consecuencias imprevisibles en la región. Sobre la base de una animadversión
hacia España, los atentados de Madrid fueron utilizados para forzar al
Gobierno, entonces del PP, a retirar las tropas españolas de Afganistán e Irak.
Atentados
España vivió a solo
tres días de unas elecciones generales, el peor atentado de su historia. Una célula islamista colocó a primera hora de la
mañana 13 artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid.
Estallaron diez de las bombas en la estación de Atocha, frente a la calle
Téllez, El Pozo y Santa Eugenia entre las 7.37 y las 7.40 horas. Siete de los
terroristas que pusieron las bombas se inmolaron semanas después, el 3 de
abril, en un piso de Leganés, matando a un GEO, la víctima 192 del 11M.
La sentencia del
juicio celebrado posteriormente relata que los siete suicidas de Leganés,
entre los que se encontraban Jamal Ahmidan, El Chino, y Sarhane Ben Abdelmajid
Fakhet, El Tunecino, junto a los dos condenados a 42.922 años de prisión como
autores materiales, Jamal
Zougam y Othman El Ganoaui, y otra persona que no ha sido identificada colocaron
las “13 mochilas o bolsas cargadas de explosivos temporizados para que
explosionaran simultáneamente”.
Dos de los tres artefactos que no estallaron se detonaron de
forma controlada en la estación de Atocha y de El Pozo. La tercera bomba,
procedente también de este último punto, fue encontrada en la madrugada del 12
de marzo en la comisaría de Vallecas y desactivada en un parque cercano. La
conocida mochila de Vallecas fue
clave para determinar qué explosivo usaron los terroristas y llegar
hasta Zougam, que fue detenido el sábado 13 de marzo. Las tarjetas de móvil de
las bombas salieron de su locutorio.
La sentencia considera
probado que “toda o gran parte de la
dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes
el día 11 de marzo” procedía
de Mina Conchita.
El Gobierno sostuvo en los días posteriores al atentado que
la principal hipótesis era la autoría de ETA. El mismo día 11 de marzo se
localizó la furgoneta Kangoo en
la que se desplazaron los terroristas hasta Alcalá de Henares. Acebes informó
de que se habían encontrado siete
detonadores y una cinta con versículos del Corán dentro de
este vehículo.
Ya en la madrugada del sábado al domingo el ministro Acebes informa que se había
localizado cerca del tanatorio de la M-30 una cinta en la que un supuesto portavoz
de Al Qaeda reivindica los atentados del 11M.
La sentencia se conoció el 31 de octubre de ese mismo año.
La Audiencia condenó a tres de los procesados como autores de los
asesinatos (Jamal Zougam, Othman el Gnaoui y Suárez Trashorras); absolvió a Rabei
Osman, El Egipcio, al no hallar pruebas de que ordenara los atentados y haber
sido condenado ya por terrorismo en Italia; y a los otros dos acusados
considerados autores intelectuales por la Fiscalía, Youssef Belhadj y Hassan el
Haski, los impuso una pena de 12 y 14 años, respectivamente por pertenecer a un
grupo terrorista.
El Tribunal
Supremo confirmó en su sentencia del 17 de julio de 2008
la autoría yihadista de los
atentados, aunque rebajó algunas penas, absolvió a cuatro de
los condenados por la Audiencia por pertenencia a grupo terrorista y condenó
por tráfico de explosivos a uno de los absueltos en primera instancia, Antonio
Toro.
Consecuencias
El
11 de marzo de 2004 pasará a la historia como el día en que el terrorismo de Al-Qaeda
irrumpió violentamente en España y en Europa Occidental. Hasta esa fecha la red
terrorista había golpeado con éxito el territorio norteamericano y numerosos
intereses occidentales en países de mayoría musulmana. Pero, a pesar de varios
intentos fallidos y con excepción de la campaña de atentados en Francia a
mediados de los noventa, el Viejo Continente parecía de momento a salvo de los
combatientes de la Yihad. Los atentados de Madrid suponen el fin
dramático de ese sentimiento generalizado de seguridad.
Además de tratarse de un mismo terrorismo y obedecer a una
misma estrategia terrorista, el 11-S y el 11-M tuvieron igualmente en común el
hecho de que, tanto en Estados Unidos como en España, se infravaloró con
anterioridad la amenaza y existió descoordinación entre las agencias de
seguridad cuya labor conjunta bien podría haber impedido los atentados. En
ambos países se reformaron a posteriori las estructuras de seguridad, para
adaptarlas a los desafíos del terrorismo yihadista.
Así
pues, el 11-S y el 11-M tuvieron en común ser expresiones del actual terrorismo
yihadista y remitir, de dos distintas maneras, al núcleo central de Al Qaeda en
Pakistán. Pero si esta última ideó, planificó, preparó y ejecutó por sí misma
los atentados de Nueva York y Washington, los de Madrid denotaban que la
amenaza del terrorismo yihadista en el mundo occidental estaba cambiando. Ya no
procedía solo de Al-Qaeda, sino también de sus organizaciones asociadas, más
idóneas para movilizar localmente recursos humanos y materiales adecuados a las
condiciones del entorno en que atentar.
Por
otra parte, los atentados de Madrid pueden interpretarse también como una
prueba de notable agudeza política por parte del sistema de planificación de Al-Qaeda.
En un análisis de cerca de cincuenta páginas, elaborado por miembros de la red
terrorista y publicada en diciembre de 2003, se realizaba una valoración sobre
la situación de la Yihad en Irak y se reflexionaba sobre el
modo de lograr la retirada española del país.
El
ataque en territorio español ha tenido unos efectos acordes con las
expectativas de quienes redactaron dicho documento. Como la red también se
caracteriza por poseer un sistema de lecciones aprendidas, es probable que se
intente aplicar la misma fórmula a otros aliados europeos de Estados Unidos.
El resultado de las elecciones generales
del 14-M estuvo determinado en buena medida por los ataques terroristas del
11-M, y no por un cambio de ciclo político. Pero este efecto 11-M, un hecho
innegable a la luz de los datos disponibles, no deslegitima al gobierno salido
de dichos comicios, sino al ejecutivo anterior, en la medida en que fue su
estrategia respecto a la opinión pública durante la guerra de Irak la que creó
una oportunidad única e irrepetible para los terroristas. El 14 de marzo, el
PSOE ganó las elecciones generales con once millones de votos frente a 9,7 del
PP. La participación fue del 77,26%, una de las más alta de la democracia. Tras
lo
cual el nuevo presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció al día siguiente
que su primera medida sería retirar las tropas de Irak.
Los atentados provocaron como contrapunto una decidida respuesta por
parte de la sociedad española, cuando el 12 de marzo, 12 millones de españoles
se echaron a las calles, en muestra de rechazo al terrorismo.
Recursos Electrónicos
CLOSA
MONTERO, C. (2004): “Del 11-S al 11-M: el papel de España en la Unión
Europea”, Análisis del Real Instituto (ARI) nº 46
AVILES,
J. (2004): “Ante la matanza de Madrid: la conexión con el conflicto iraquí, Análisis del Real Instituto (ARI) nº 65
NOYA,
J. (2004): “Del 11-M al 14-M: estrategia yihadista, elecciones generales y
opinión pública”, Análisis del Real Instituto (ARI) nº 132
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28 de febrero: día de Andalucía
Aguas
Santas Barrada Rodríguez
“Vino, sentimiento, guitarra
y poesía,
hacen los cantares de la patria mía...
Cantares...
Quien dice cantares, dice Andalucía”
hacen los cantares de la patria mía...
Cantares...
Quien dice cantares, dice Andalucía”
(Antonio Machado)
En Andalucía la
Transición democrática va pareja a la reivindicación del autogobierno. Es
decir, libertad y autonomía es un binomio indisociable de las reivindicaciones
ciudadanas en ese periodo histórico, no en balde en las primeras
manifestaciones habidas en la Transición se coreaba el lema "Libertad,
Amnistía, Estatuto de Autonomía". Los andaluces y andaluzas entendimos que
la libertad tenía que ir acompañada por las instituciones de autogobierno para
nuestra tierra. Pero no fue fácil, sólo el empeño y una masiva participación de
los andaluces permitió acceder a la Autonomía con el máximo techo competencial
que permite la Constitución.
El impulso
autonómico
El impulso inicial de la
autonomía andaluza puede fecharse el 4 de diciembre de 1977. Ese día, cerca de
un millón y medio de andaluces se manifestaron en las capitales de provincia
respondiendo a la convocatoria de los diputados y senadores elegidos en
Andalucía, quienes, agrupados en la Asamblea de Parlamentarios, serían los
encargados de dar los primeros pasos conducentes a la elaboración de un
Estatuto de Autonomía pleno de las competencias permitidas por el marco
constitucional. Dos eran los caminos que habían de recorrerse simultáneamente:
de una parte, el de la voluntad política necesaria para ejercer el derecho a la
autonomía puesto a disposición de las nacionalidades y regiones, y de otra, la
instrumentación jurídica de esa voluntad de acuerdo con las prescripciones
establecidas en el Título VIII de la Constitución.
El denominado "Pacto
de Antequera de 4 de diciembre de 1978" vino a cumplir el primer
requerimiento mediante un compromiso suscrito por todo el espectro de partidos
políticos consistente en lograr la mayor autonomía posible en el más breve
plazo de tiempo; el segundo, se hacía efectivo a través del Real Decreto-Ley
11/1978, de 27 de abril (BOE de 28 de abril, desarrollado por el Real
Decreto-Ley 832/1978, de 27 de abril), por el que se instituía la Junta de
Andalucía como ente preautonómico y para cuya presidencia fue elegido Plácido
Fernández Viagas. Tras las elecciones generales y locales de 1979, la nueva
Junta, presidida por Rafael Escuredo, acuerda en Granada el 21 de junio seguir
la vía del artículo 151- la participación de la mitad mas uno de las personas
censadas en todas y cada una de las provincias andaluzas- como medio de
asegurar la consecución de una autonomía comprensiva del mayor contenido
competencial. A esta decisión se suman inmediatamente las diputaciones
provinciales y más del 90% de los municipios andaluces, cumpliendo con creces
el primer requisito constitucional. Casi al mismo tiempo se procede, por parte
de los representantes de los partidos políticos con presencia parlamentaria, a
la redacción en la ciudad de Carmona de un primer borrador, que, tras algunas
modificaciones en la misma ciudad sevillana en 1981 se aprobará en Córdoba el
28 de febrero de ese mismo año.
El proceso
autonómico
Antes de alcanzar su
culminación con un texto definitivo, el proceso autonómico andaluz hubo de
sortear no pocas dificultades derivadas de la decantación de dos concepciones
que sobre el Estado descentralizado en general y sobre la autonomía andaluza en
particular se enfrentaron durante esos años. De una parte, la mantenida por UCD
desde el Gobierno del Estado, por la que se propugnaba la reconducción de todos
los procesos iniciados, a excepción de las denominadas "nacionalidades
históricas" -Cataluña, Galicia y País Vasco-, por la vía del artículo 143
de la Constitución. Se defendía con ello una concepción dual en la distribución
territorial del poder o, cuando menos, un distinto ritmo en la consecución del
techo competencial, que, en el mejor de los casos, habrían de transcurrir cinco
años para que el resto de las nacionalidades y regiones, incluida Andalucía,
alcanzara una autonomía plena. La consecuencia de esta opción sería la
existencia de dos clases de comunidades autónomas, unas de primer grado y
dotadas de contenido político, que dispondrían de un Parlamento o Asamblea con
capacidad legislativa elegida por sufragio universal directo y un Consejo de
Gobierno con funciones ejecutivas, y otras de segundo grado, sin una
organización institucional definida y de incierta potestad legislativa, que
bien pudieran desembocar en una nueva descentralización de tipo administrativo.
Frente a esta
concepción, la Junta Preautonómica, gobernada mayoritariamente por el PSOE,
esgrimió desde el principio el derecho a una autonomía política equiparable en
sus contenidos a las comunidades históricas, aunque para ello tuviera que
transitar por un camino que parecía diseñado a propósito para conducir al
fracaso. Las razones de esta decisión hay que buscarlas en la profunda
percepción que los andaluces tenían del secular abandono de nuestra tierra por
parte del Estado y en la convicción de que sólo la proximidad del poder a los
problemas que habían de resolverse permitiría iniciar las acciones necesarias
que situaran a Andalucía en el camino de la modernización y el progreso.
Ya en el mismo
desarrollo del referéndum por el que había de ratificarse con el voto directo
de los ciudadanos la iniciativa adoptada por las corporaciones locales se puso
de manifiesto la actitud del Gobierno central, que, si bien no podía impedir
legalmente su celebración, sí utilizó cuantos recursos tuvo a su alcance para
entorpecer esa ratificación. Desde la alambicada redacción de la pregunta, que
dificultaba su comprensión, pasando por la reducción de la campaña a quince
días y finalizando con la propaganda del partido gobernante a favor de la
abstención, todo parecía abocado a un resultado negativo. Por eso, aun cuando
no se alcanzaron las mayorías especialmente cualificadas exigidas por el texto
constitucional, el triunfo del sí en todas las provincias andaluzas con la
excepción de Almería hubo de valorarse como la expresión de la incuestionable
voluntad de autogobierno del pueblo andaluz de situar a nuestra Comunidad en
igualdad de derechos con las denominadas históricas. No obstante, si la
continuación del proceso se hacía legalmente imposible y la voluntad política
de un autogobierno pleno se mantuvo firme, la consecuencia era una paralización
que sólo podría superarse mediante una negociación política y la plasmación de
su resultado en alguna fórmula jurídica capaz de reabrir el proceso
interrumpido. El acuerdo no se hizo esperar, si bien con unas dimensiones que
excedían con mucho de las necesarias para resolver el problema andaluz, ya que
en él se implicaba una solución generalizadora aplicable al conjunto del
territorio del Estado.
Seguramente, con los
Acuerdos Autonómicos de 1981, suscritos entre los dos partidos mayoritarios,
UCD y PSOE, se produjo la decisión política más trascendente de las adoptadas
tras la aprobación del texto constitucional. En síntesis, los mencionados
acuerdos venían a establecer un criterio básico y compartido en el desarrollo
del Título VIII de la Constitución por el que se despejaban algunas
incertidumbres derivadas de una interpretación descontextualizada. Así, frente
a una lectura inicial que apuntaba a la existencia de dos clases de autonomías,
políticas unas y acaso administrativas otras, se impuso una reinterpretación
tendente a homogeneizar la organización institucional de todas ellas,
dotándolas de una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, un
Consejo de Gobierno y un Presidente o Presidenta designado por aquélla mediante
una relación de confianza propia de los regímenes parlamentarios. Por lo que al
ámbito de competencias se refiere, se acordaba igualmente su equiparación
última, si bien se difería en el tiempo arbitrando distintas fórmulas legales,
bien a través de leyes complementarias, bien previa reforma de los
correspondientes Estatutos.
Desde estos presupuestos
se procedía a desbloquear el proceso autonómico andaluz, modificando para ello
la Ley de Referéndum, de manera que permitió suplir la carencia de Almería por
una ley orgánica promulgada a solicitud de los diputados y senadores de esa
provincia (Ley Orgánica 12/1980, de 16 de
diciembre, y Ley Orgánica 13/1980, de 16 de
diciembre, respectivamente).
La reforma
del 2007
Una de las novedades más
significativas del nuevo Estatuto es la incorporación, en el Título Primero, de
una declaración o carta de derechos y deberes de ciudadanía; esto es, un
conjunto de normas que, con mayor o menor extensión, acogen la formulación
expresa de derechos y deberes de todas las personas con vecindad administrativa
en Andalucía, dotándolos de un régimen propio de garantías, junto con la
enumeración de principios rectores de la actuación de los poderes públicos
andaluces.
El Título Primero,
denominado "Derechos sociales, deberes y políticas públicas", en sus
treinta artículos reconoce, entre otros, la igualdad de género (art. 15); la
protección contra la violencia de género (art. 16); la protección de la familia
(art. 17), los menores (art. 18) y los mayores (art. 19), especificando el
derecho a recibir una atención integral para la promoción de su autonomía
personal y del envejecimiento activo; la dignidad ante el proceso de la muerte
(art. 20); el derecho a la educación, garantizando la gratuidad de la misma en
los niveles obligatorios y de sus libros de texto (art. 21); la salud, el
acceso a cuidados paliativos, a recibir asistencia geriátrica especializada,
así como a disponer de una segunda opinión facultativa sobre sus procesos (art.
22); el derecho a las prestaciones sociales (art. 23); la protección de los
consumidores, reconociendo el derecho a asociarse, a la información y a la
formación (art. 27); la participación política (art. 30); y el derecho al medio
ambiente (art. 28).
Asimismo, cabría
subrayar los preceptos dedicados a las personas con discapacidad o dependencia,
al consagrarse el derecho a acceder a ayudas, prestaciones y servicios de
calidad necesarios para su desarrollo personal y social (art. 24), así como a
las prestaciones sociales, en los que se al garantizar el derecho de todos los
andaluces a acceder en condiciones de igualdad a las mismas (art. 23).
Escudo,
bandera e himno de Andalucía
Andalucía tiene escudo
propio, que se escribe teniendo en cuenta los acuerdos de la Asamblea de Ronda
de 1918, como el compuesto por la figura de un Hércules prominente entre dos
columnas, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, sujetando y domando
a dos leones que representan la fuerza de los instintos animales, con una
inscripción a los pies de una leyenda que dice: "Andalucía por sí, para
España y la Humanidad", sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las
dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas Dominator Hercules Fundator también
sobre el fondo de la bandera andaluza.
El creador del escudo de
Andalucía fue Blas Infante, quien
tomó muchos de sus elementos del escudo de la ciudad
de Cádiz. En la fachada de su casa en Coria del Río (Sevilla),
la "Casa de la Alegría", puede contemplarse unos azulejos con el
modelo original del escudo andaluz, que permaneció allí durante la Guerra Civil y
el Franquismo.
El himno de Andalucía
tiene su origen en el 'Santo Dios', un canto religioso que entonaban los
campesinos de diversos puntos de la región durante las faenas de la siega. Pese
a que tanto la letra como la música fueron anotadas por Blas Infante, su origen
es netamente popular. El compositor José del Castillo Díaz adaptó y armonizó la
melodía.
La bandera es una composición
de tres franjas horizontales (verde, blanca y verde) que forman la bandera que fue
aprobada por la Asamblea de Ronda en 1918. Sus colores evocan tonalidades del
paisaje andaluz, al tiempo que simbolizan los valores de la pureza y la
esperanza en el futuro.
Páginas web
de interés
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TODA LA VERDAD SOBRE EL 23F
Manuel
Jesús Rodríguez Mora
Las instituciones
franquistas se enfrentaban a finales de los años 70 a una oposición, cuya
presencia se hacía cada vez más manifiesta, el aumento de la conflictividad
social y laboral, las expectativas abiertas en los países occidentales y la
convicción del rey Juan Carlos I sobre la necesidad de reformar en mayor o menor
grado el sistema. Los sectores que se opusieron de modo más significativo a los
cambios pueden clasificarse en tres grandes grupos, un primero muy ideologizado
perteneciente al sector más radical de la clase política franquista con unas
características generacionales propias y que veía cómo el fin del sistema sería
su propio fin, por lo que su supervivencia en los cargos dependía, en buena
medida, de la del propio régimen. Este grupo, el conocido bunker, incluía
a personajes como José Antonio Girón de Velasco, Juan García Carrés, etc. Un
segundo grupo, directamente ligado al anterior, que comprendía a un pequeño
pero poderoso sector financiero y empresarial que consideraba que su fortuna y
privilegios eran consecuencia directa del franquismo. Por último, un sector de
las Fuerzas Armadas muy radicalizado que, además de mantener una exagerada
preocupación por el orden público y la unidad territorial, consideraba a
aquéllas portadoras del espíritu del 18 de julio y cimiento y pilar del régimen
franquista, defensoras por tanto de sus principales valores:
nacionalcatolicismo, conservadurismo y corporativismo. A ellos puede añadirse
el sector más retrógrado de la Iglesia Católica, con poca capacidad movilizadora
pero todavía considerable influencia social, así como a otros pequeños grupos
presentes en distintos cuerpos de la Administración y a un nutrido puñado de
periodistas.
La articulación de un discurso nostálgico del
franquismo a través de toda una red de asociaciones y medios de comunicación
que, dando forma a una difusa gama de intereses y códigos culturales
compartidos, abogó por la ejecución de un golpe de Estado, terminó de favorecer
la opción insurrecta. Llegado este punto, sólo quedaba la organización efectiva
del mismo. En el 23-F la movilización golpista se concretó a través de
contactos entre militares cercanos al entramado civil de la extrema derecha
que, tal y como ha quedado señalado, desarrolló su principal acción en los
medios de comunicación.
La organización
del golpe
Desde la aprobación de
la Constitución en 1978, la escalada terrorista de uno y otro signo, el
deterioro económico, la presión militar, la legalización del PCE, el clima
electoral constante y la crisis de UCD ensombrecían el panorama político y
económico.
En la percepción de la
extrema derecha el Estado de las cosas se agudizaba notablemente: sus fracasos
electorales, la campaña de ETA, la llegada de la izquierda a los ayuntamientos
de las principales ciudades en abril de 1979, la tramitación de los estatutos
de autonomía para el País Vasco y Cataluña y su aprobación en referéndum, las
primeras elecciones autonómicas en estas Comunidades en marzo de 1980 y la
victoria de partidos nacionalistas componían, para la extrema derecha, la
confirmación de sus temores.
En realidad, la crisis
sobrepasaba tanto al propio Gobierno como a la oposición, cuyas disputas
internas, especialmente graves en UCD pero no menores en el PSOE, contribuían a
conformar un paisaje de inestabilidad e incertidumbre. Llegado el año 1980
desde determinados sectores políticos y medios periodísticos surge, al igual
que en la extrema derecha pero con intención notablemente distinta, la demanda
de actuación para superar la crisis y salvar al propio sistema.
A lo largo del año
aparecieron en toda la prensa, incluido El País, editoriales que
sugerían la posibilidad, cuando no necesidad, de un gobierno de concentración
presidido por un independiente o por un militar. Entre estos últimos destacó el
general Armada, quien llevó a cabo una considerable actividad en distintos
medios políticos, empresariales, periodísticos y, por supuesto, militares de
todo signo. Para el grueso de la élite política era bien visto por su
cercanía a la Monarquía e, igualmente, en la extrema derecha se consideraba
adecuado.
La estrategia puesta en
marcha por Armada le llevó en noviembre de 1980, a encontrarse con Milans. Los
objetivos de Armada al visitar a Milans eran los de obtener información sobre
el nivel de desarrollo de la operación de éste y controlarla haciéndole saber
que contaba, según él, con apoyo regio para la suya. En su ambición por
resolver la partida necesitaba vigilar al resto de jugadores, especialmente si
podían echar abajo su plan o, por el contrario, colaborar con él. Los contactos
con Milans, para tener bajo control el golpe en marcha, y con el CESID —a
través del comandante José Luis Cortina—, para promover su acción, se inscribían
en este momento. También necesitaba convencer al Rey quien, en último término,
tenía la llave del juego. Sus contactos, medias verdades e insinuaciones,
utilizadas con unos y otros, le permitían llevar adelante sus planes haciendo
creer a cada cual que contaba con el apoyo del resto.
En diciembre se
entrevista con numerosas personas, entre ellas el Rey, con quien cena, de
nuevo, el 3 de enero de 1981, en Baqueira. Es posible que Armada solicitara su
traslado a Madrid, ya que iba a quedar vacante el puesto de segundo jefe del Estado Mayor del
Ejército, y sugiriera la solución política encabezada por él mismo al contar,
según su versión, con la aquiescencia de los partidos. El único obstáculo lo
constituía la necesaria dimisión de Suárez. El 10 de enero vuelve a encontrarse
con Milans, cuyo plan avanza a toda velocidad, y le convence para que lo frene.
A pesar de ello, el día 18 se reúnen en Madrid los principales implicados en el
golpe de Milans para concretar sus planes, unos días más tarde, el 29, Suárez
dimite: decisión en la que pesó, sin duda, la crisis de UCD, pero también, como
es natural, la presión que las distintas intrigas militares y civiles ejercían
contra su persona. Es el momento crítico tanto para el plan constitucional de
Armada como para la conspiración golpista de Milans.
Es un instante clave para las aspiraciones del
general y su actividad se acelera. El día 3 de febrero el Rey le confirma su
traslado a Madrid. Al siguiente se entrevista con el ministro de Defensa
Rodríguez Sahagún. Los días 6 y 7 volvió a hablar con el Rey. Todo iba sobre
ruedas: Suárez había dimitido, él volvía a Madrid y el Rey, con quien mantiene
permanente contacto, debía designar al candidato que votará el Congreso. Sin
embargo, para sorpresa suya,
el Rey
nombrará el día 10 de febrero, echando por tierra su plan, a Leopoldo
Calvo-Sotelo. La radical negativa de Suárez y de Gutiérrez Mellado, que se
oponen frontalmente a la elección de Armada, ya que hacía tiempo que
desconfiaban de sus manejos, así como la oposición de los partidos políticos,
que habían descartado esta vía, convencen al Monarca de lo inadecuado de esta
opción. Armada, después de discutir con Gutiérrez Mellado, se incorporará como segundo jefe de Estado Mayor
del Ejército el día 12, desechándose también la posibilidad de convertirse en el
próximo ministro de Defensa. La única carta que le queda es la de aprovechar el
golpe de Milans para, esta vez sí, «reconducir» la situación. Es a partir de
este momento cuando, llevando la iniciativa pero de forma discreta, acelera la
operación: sólo una acción militar inesperada podría volverle a colocar como
candidato. Para ello debía actuar antes del nombramiento de Calvo Sotelo: sus
contactos en el CESID empujan, en la confianza de participar en un «golpe
legal», para que el golpe tuviera lugar durante la ceremonia de investidura. De
esta manera, Armada se incorporaba al golpe de Milans, o, mejor dicho,
incorporaba el golpe de Milans al que desde ahora, en la sombra, hace suyo. De
hecho, la mayoría de los implicados desconocían cómo habían discurrido los
contactos, teñidos de vaguedades, medias verdades y sobreentendidos, entre
ambos generales.
El golpe, en el que
primó la precipitación, tendrá grandes lagunas en cuanto al seguimiento y la
organización. El plan de última hora constaba de los siguientes pasos: el
secuestro del Parlamento y del Gobierno, la presencia de tropas en las calles
de Madrid y Valencia y el nombramiento de Armada como jefe del Gobierno, con
Milans al frente de las Fuerzas Armadas. La maniobra de Tejero era propia de un
golpe de Estado moderno mientras que la de Milans del Bosch tenía las
características de un pronunciamiento clásico. A la suma de estas dos
estrategias, poco definidas en sus objetivos, se unían ciertas cuestiones sin
aclarar, confusas interpretaciones del papel de cada uno y una falta clara de objetivos:
los participantes no sabían si el Rey estaba de su parte si contarían con el
apoyo de otros compañeros, qué debían hacer una vez puesto en marcha el plan ni
qué objetivo último se pretendía. De esta forma, Tejero ocupó el Congreso y
Milans, tras hacer público un manifiesto, sacó los tanques a la calle.
Sin embargo, Armada
falló en su pretensión de trasladarse al palacio de La Zarzuela para, desde
allí, junto al Rey, controlar la situación. Sabino Fernández Campo, quien había
sustituido a Armada al frente de la Secretaría de la Casa del Rey en 1977, no autorizó
el desplazamiento y, tan pronto como algunos militares comenzaron a manejar su
nombre, sospechó de su participación en el golpe. Este hecho impidió que la
división acorazada Brúñete ocupase Madrid. Después de este primer traspié,
Armada llama a Milans desde su destino en el Estado Mayor y comunica a los
testigos de su conversación que éste le ha propuesto la formación de un
Gobierno de salvación nacional.
Vuelve a llamar a La Zarzuela y explica la propuesta a Fernández Campo, quien
le prohíbe la utilización del nombre del Rey: en caso de hacerla efectiva será
a título propio. En torno a la medianoche Armada se presenta en el Congreso, da
la contraseña a Tejero y discute con él la propuesta que piensa hacer a los
Diputados. Tejero, asombrado por los nombres propuestos, políticos de todo el
arco parlamentario incluidos socialistas y comunistas, impide la entrada de
Armada. Tras varias horas de consultas cruzadas con los capitanes generales, el
Rey apareció en televisión, pasada la una de la madrugada, dejando claro que no
estaba del lado de los sublevados. A partir de este momento, el golpe se
desmoronó.
Por lo demás, el 23-F no
sólo no tuvo seguimiento entre los componentes de las Fuerzas Armadas, que
esperaron prudente o impacientemente, dependiendo de los casos, a comprobar el
desarrollo de los acontecimientos y el posicionamiento del Rey, sino que en la
esfera social tampoco se hizo notar. En pocas horas, tras la entrada de Tejero
en el Congreso, retransmitida en directo por radio, las calles quedaron vacías
y la actividad se concentró en aquellos medios de comunicación que no se vieron
afectados de forma directa, especialmente la prensa y la radio. Ante el vacío
de poder se constituyó un Gobierno en funciones formado por los subsecretarios
y secretarios de Estado, ocupando Francisco Laína, a la sazón director general
de la Seguridad del Estado, la presidencia de ese organismo provisional. Sus
labores consistieron en controlar el orden público y en establecer contacto con
los líderes de los partidos que no habían sido secuestrados, insistiendo en la
necesidad de evitar movilizaciones.
El juicio a los golpistas sería, sin duda, uno
de los espectáculos más bochornosos de todo el período de cambio. Celebrado
entre febrero y junio de 1982, contribuyó a hacer explícito el enrarecido clima
militar. Dada su repercusión política se resolvió con la mayor urgencia
posible, ajustándose a las ideas preconcebidas que sobre el golpe circulaban.
La derrota de los
golpistas contribuiría a consolidar el sistema democrático aunque al precio de
realizar un giro conservador aceptado por todos los partidos. El camino que la
extrema derecha emprendiera al avanzar el proceso de transición hizo imposible
el regreso a una, siempre desechada, vía electoral. Pese a todo, Tejero se
presentaría a las elecciones generales de octubre de 1982, al frente de
Solidaridad Española, bajo un lema que hablaba por sí mismo: «¡Entra con Tejero
en el Parlamento!»
Bibliografía
BARBERÍA, J. L.
(1991): El enigma del Elefante. La
Conspiración del 23F, Madrid.
DE ANDRÉS, J. (2005): ¡Quieto todo el mundo! El 23 F y la
Transición española”. En Historia Política, 5, pp.55-88
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LA ETERNA GUERRILLA
LAS
FARC-EP
Manuel Jesús Rodríguez Mora
Antecedentes. El Bogotazo
El Bogotazo es el período de protestas, desordenes y
represión acaecido en Colombia y que siguió al asesinato del líder del Partido
Liberal, Jorge Elecíer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Este político liberal,
perteneciente al ala más radical de su partido defendía una política social
cercana al pueblo y que respondía a las reivindicaciones de obreros y
campesinos. Movilizó al pueblo en varias manifestaciones en apoyo a sus
exigencias.
Su asesinato supuso una desmovilización social que se había
reunido entorno a su persona y fue igualmente el divorcio definitivo entre la
clase política y gran parte del pueblo colombiano que pierde la fe en el
sistema democrático. Estallaron revueltas por toda la ciudad de Bogotá, las
cuales se extendieron por todo el país.
Se produjo un recrudecimiento de la violencia, lo que
provocó a escala nacional una guerra civil no declarada entre conservadores y
liberales. En el campo los grandes terratenientes intentaron volver a tomar el
control de las tierras, que las leyes liberales habían dado a los campesinos.
Hasta ahora en el plano político se habían limitado a poner trabas a las
reformas agrarias, pero ahora comienza una fuerte represión contra estos
campesinos y contra todas las fuerzas liberales y de izquierdas. Esta represión
la llevó a cabo contando con el apoyo en muchos casos de la policía o del
ejército, y en otras ocasiones se servían de grupos de extrema derecha
financiados por ellos.
Los liberales responderían a estas agresiones organizándose
en guerrillas liberales en diferentes zonas del país, algunas de estas recibían
el nombre de autodefensas campesinas, que se formaban para defenderse de las
agresiones de los terratenientes. Dentro de estas fuerzas liberales no solo
estaban las guerrillas de corte liberal, sino había otras que respondían al
partido comunista.
El conflicto y la inestabilidad del país llegaban hasta tal
punto que desde la propia cúpula del poder del estado se instigaba un golpe de
Estado a manos del General Gustavo Rojas Pinilla, que tenía como una de sus
principales misiones restaurar la paz y desarmar a los campesinos en armas.
Este general ofreció una amnistía a las guerrillas liberales. La gran mayoría
de éstas entregarían las armas, pero no todas, ya que algunas guerrillas
ligadas al partido comunista no lo hacían y continuarían la lucha.
Entre 1957 y 1958, los dos principales partidos (Partido
Liberal y Partido Conservador) pactaban la caída de la dictadura y la vuelta al
sistema democrático, comenzaba así el período denominado Frente Nacional
(1953-1974), donde los dos principales se alternarían en el poder.
Formación de las FARC-EP
Durante el desarrollo del Frente Nacional
se transforman en su concepción y contenido las luchas sociales y políticas, la
violencia y la guerra cambia sustancialmente su carácter, pasando de ser un
mecanismo de acción política de los partidos tradicionales para acceder y
permanecer en el Gobierno, a ser un instrumento de la lucha social y política
de sectores sociales y de izquierda de la población, para reivindicar derechos
fundamentales, ampliar los espacios de participación política y, tratar de
acceder al poder político para transformar la sociedad y el Estado desde una
concepción ideológica y política anclada en el marxismo. La protesta social y
el descontento colectivo encuentran sus principales apoyos en organizaciones de
izquierda inspiradas ideológicamente en
el marxismo. Esos partidos y movimiento políticos “obreros” y de “vanguardia”
estaban “llenos” de funcionarios públicos, estudiantes e intelectuales de
izquierda.
La historia de los orígenes de las FARC tenía una
territorialidad específica, que en lo esencial compromete la violencia
desarrollada en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, y las formas como
la población campesina se organizaba para resistirla. A la resistencia se unía
la necesidad de la supervivencia dando origen espontáneamente a lo que había de
ser la noción de autodefensas campesinas, como aquellas en que se
alternaban la organización campesina, el trabajo agrario y la defensa armada de
la población y los trabajadores.
De esta forma, la autodefensa popular dejaba de ser
un movimiento espontáneo para convertirse en grupos de destacamentos
comunistas, que la recomendaban para responder organizadamente a los ataques de
la policía, el ejército y las bandas civiles armadas por el gobierno. En los
años cincuenta y comienzos de los sesenta, la autodefensa se consolida en
diferentes zonas del país sobre un principio territorial y con un fundamento
militar en estrecha relación con organizaciones de masas, como las Ligas
Campesinas, tratando de dar cuerpo a sus luchas reivindicativas y hacer valer
sus derechos. Muy pronto, los hostigamientos contra estos movimientos de
autodefensa se acrecientan por parte de grupos armados irregulares, promovidos
por el ejército y guiados por antiguos guerrilleros liberales que se habían
entregado al gobierno.
En 1962, el ejército desarrolló una primera Operación contra Marquetalia
que obliga a los pobladores a colocarse a disposición de la resistencia agraria
y a prepararse para cualquier tipo de ofensiva militar. Una vez el asalto se
produce, el movimiento de resistencia concluyó en una asamblea general de
guerrilleros que ya nada tenían que hacer allí y se planteaban como única alternativa
convertirse en una guerrilla móvil, lo cual determinaba no solo la modificación
de la táctica de combate, sino del carácter del grupo armado. El Estado Mayor
guerrillero que estaba en Rióchiquito organizó la Conferencia del Bloque Sur, antecedente
orgánico de lo que serían las FARC.
La represión oficial, después de las operaciones de
Marquetalia, Rióchiquito, Pato y Guayabero se extendió a Planadas, Rioblanco,
Chaparral, Natagaima, Aipe, Palermo, Santa María y otros municipios de Tolima y
Huila. La dinámica de las confrontaciones generó la dispersión del movimiento
guerrillero que intentó responder a la ofensiva militar del ejército y
aviación, y sobrevivir en medio del tamaño desbordante de los operativos.
Tras la represión llevada a cabo por el ejército en varios
departamentos, los grupos guerrilleros
de los departamentos del Cauca, Tolima y Huila creó la necesidad de convocar la
Segunda
Conferencia de las guerrillas del Bloque Sur, la cual realizó un balance
de la situación de los grupos, estableció unos criterios de unidad de los
mismos y formuló un plan que le permitió al movimiento guerrillero seguir
luchando con éxito frente a la ofensiva gubernamental.
El proceso de
resistencia campesina contra los gobiernos conservadores, la dictadura de Rojas
Pinilla, la junta de transición y los dos primeros gobiernos del Frente
Nacional crearon el escenario de acercamiento de los destacamentos guerrilleros
liberales con los comunistas que posibilitó la fusión de estos grupos en lo que
se denomina el Bloque Sur, inicialmente y, luego, en la constitución de las
FARC.
Periodo de 1982-1994
En este periodo Las FARC se convirtieron en el Ejército del
Pueblo (EP), se dotaron de una nueva estrategia militar de crecimiento y
posicionamiento territorial, que acompañan de una estrategia política de
interlocución con el establecimiento a través de la amnistía, el cese al fuego,
la tregua, los diálogos con el gobierno, los acuerdos de La Uribe y la Apertura
Democrática, que conducía a la creación y la experiencia de la Unión
Patriótica.
En 1982,
la 7° Conferencia del Estado Mayor Guerrillero, buscaba igualar los
recursos humanos que tenían las Fuerzas Armadas, por lo que se estableció el
crecimiento económico de la agrupación, se fijaron cuotas millonarias para los
destacamentos, se determinó que los métodos para conseguir estos fondos
económicos debían ser los secuestros, el boleteo, las extorsiones y la relación
con el cultivo y producción de drogas, sobre todo la cocaína.
En septiembre de 1986 tuvo lugar uno de los
acontecimientos más importantes del enfrentamiento armado: la creación de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), agrupación de los diversos
movimientos guerrilleros existentes hasta el momento.
Durante este período se generalizara la llamada guerra
sucia, con los asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres, y
magnicidios que proliferan en regiones donde las FARCEP y grupos de izquierda
tenían alguna influencia.
Presidencia de Pastrana
(1998-2002)
El Gobierno ejecutó una
nueva estrategia conocida como el Plan Colombia, la cual buscaba negociar con
los diferentes movimientos guerrilleros la finalización del conflicto, la
garantía de la democracia colombiana, la seguridad de sus habitantes, sus
derechos civiles y humanos, como también la seguridad del territorio
colombiano, consolidando la defensa de sus fronteras nacionales.
El Presidente Pastrana
interpretó por medio del Plan Colombia, en forma desacertada, que sería
efectivo cederle una parte del territorio a la guerrilla en la cual no habría
control de las Fuerzas Armadas, se creía que al desmilitarizar áreas de
territorio ocupadas por las FARC, ELN y otros grupos guerrilleros, se
alcanzaría un relevante avance en las negociaciones de paz. Pero la guerrilla
no tenía los mismos planes en esta negociación y en la ocupación del
territorio.
Las exigencias a las
FARC-EP de un cese al fuego unilateral de poner en libertad a los prisioneros
de guerra, la inconformidad del gobierno con convocar diálogos de la
insurgencia con la sociedad civil, así como la preocupación presidencial que
las zonas despejadas se convirtieran en “corredores
de impunidad para el incremento
del narcotráfico”, son obstáculos que se mostraran insalvables.
Período de 2002 a 2014
Tras el
fracaso de la iniciativa propuesta por el Plan Colombia, el conflicto comienzo
de nuevo, con ofensivas gubernamentales como las llevada bajo la presidencia
del presidente Uribe sucesor de Pastrana, el cual realizó una ofensiva contra
la guerrilla que a pesar de eliminar a varios de sus líderes, no acabará con
ella.
Los intentos
por establecer la paz tampoco cesaron. El último intento por llegar a ella fue
auspiciado por el Presidente Juan Manuel Santos en 2013, que realizó una
propuesta gubernamental de paz aceptada por la guerrilla. Pero como en tantas
otras ocasiones el intento por llegar a un entendimiento fracasó, rompiéndose
la tregua el 17 de noviembre de 2014, lo
que causó el secuestro por parte de las FARC-EP del general Ruben Darío Alzate.
Bibliografía
HERNANDO PARRA,
Néstor: “Entre la
democracia y barbarie: dos siglos de gobernabilidad”, Bogotá, 2003.
GONZÁLEZ
CASANOVA, Pablo:”Historia
política de los campesinos latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Venezuela,
Perú, Bolivia y Paraguay”,
México, 1985.
MANRIQUE
CASTRO, Manuel:”Aprenderás
a no llorar: Niños Combatientes en Colombia”, Bogotá, 2004.
GÓMEZ ISA,
Felipe:”Colombia en su
laberinto: una mirada del conflicto”, Madrid, 2008
ALCANTARÁ SAÉZ,
Manuel y otros: “Colombia ante los retos
del siglo XXI: desarrollo, democracia y paz”, 2001.
MEDINA GALLEGO,
Carlos: “FARC-EP: Notas para una historia
política”, Bogotá, 2006.
Recursos electrónicos
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